«Hoy en día
hay menos civiles que militares en el Palacio del Planalto. Ellos (los
militares) mandan hoy en Brasil.» le dice Luiz Inácio Lula da Silva a Paula
Ramón en una entrevista concedida para el medio argentino Página 12. En Brasil,
a lo largo de su historia republicana, la influencia militar en la política ha
sido determinante; esta relación parece hoy más estrecha y evidente. De hecho,
el núcleo duro del gabinete ministerial brasileño, en el que recae la mayor
parte del poder político, es de corte militar. Además, la crisis política que
se ha magnificado debido a la crisis sanitaria ha dejado bien parados a los
militares porque los posiciona (falsamente) como el ala racional de apoyo a
Bolsonaro que, cada vez más, parece que pierde la cordura.
La influencia militar en el Palacio del Planalto tiene un eco
paramilitar en las calles. Allí, decenas de grupos de extrema derecha están
organizados amedrentando y persiguiendo impunemente a sus “rivales políticos”
que no son otros que los que piensan diferente a ellos. En muchos casos, estos
grupos neofascistas están armados. Son los que se organizan para vitorear a
Bolsonaro en sus intervenciones públicas y también son los que piden el cierre
del Congreso y el regreso de los militares al poder como en 1964.
Esta alianza militar/paramilitar define en muchos casos la
agenda política en Brasil. Es sin duda un mal ejemplo para toda la región y el
mundo y, como era de esperarse, en Bolivia, después del Golpe de Estado de
noviembre pasado, las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares que se han
creado pretenden reproducirlo.
Es así que el día jueves 21 de mayo, con las botas brillantes,
escoltado de guardia militar personal y con el uniforme de campaña puesto, el
Comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el señor Sergio Orellana, ha
amenazado, cual García Meza en 1980, a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Faltando a los procedimientos establecidos en la Constitución
Política del Estado, que le confieren a la presidenta la atribución de
presentar la documentación vinculada a ascensos militares, el General apareció
en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional exigiéndole a la
misma tratar la ratificación de ascensos en el plazo máximo de una semana. La
exigencia es de por sí polémica porque deberían ser beneficiarios del ascenso
los mejores representantes de cada promoción, sin embargo, se pretende
beneficiar a militares que no cumplen con este criterio. Se intuye la lealtad
de los beneficiarios al régimen de Añez.
Los ascensos militares, en principio, son procedimientos
regulares cuando cumplen los flujos establecidos en la Constitución Política
del Estado y en las normas específicas. Sin embargo, en este caso, con la
agresión del Comandante de las Fuerzas Armadas en contra del único órgano legítimo
del Estado, la exigencia sería un exceso intolerable para cualquier sistema
democrático. ¿Acaso una nueva fase del Golpe de Estado con protagonismo militar
se está gestando?
El elemento paramilitar también está presente. En distintas
latitudes se han creado o se han rearticulado, en el contexto del Golpe de
Estado, grupos irregulares armados que generan violencia impunemente. Hace
pocos días, en un audio que se filtró, uno de los líderes de uno de estos
grupos denominado Resistencia Juvenil Cochala llamaba a su gente a alistarse
para atacar una movilización popular que pedían poder trabajar porque sus
familias están pasando hambre. El audio no reveló nada que no se supiera: estos
grupos tienen entrenamiento militar, están armados y se saben impunes.
Los bolivianos de mi generación, que hemos nacido en democracia
y que además hemos crecido y formado nuestra conciencia en el marco del Proceso
de Cambio y del gobierno de Evo Morales, no teníamos en la memoria ningún
evento de agresión política de militares hasta el 10 de noviembre, día en el
que el Comandante General de las Fuerzas Armadas le pide al Presidente Morales
su renuncia. Esta vez, con el respaldo paramilitar, la agresión política
militar a la Asamblea Legislativa Plurinacional genera nuevas susceptibilidades.
El riesgo de que Bolivia siga el mal ejemplo brasileño está latente y, la tarea
de transformación estructural de las Fuerzas Armadas queda pendiente.
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