Por: Andrés
Rodas
No es ajeno para todos nosotros saber que
las únicas guerras ganadas por las Fuerzas Armadas de Bolivia fueron contra
gente desarmada, pobre y hambrienta. Las minas del altiplano, las calles de La
Paz, la Federación de Fabriles de Santa Cruz, el rectorado de la UAGRM, el
Trópico de Cochabamba, la ciudad de El Alto, son algunos testigos silenciosos
del dolor del pueblo boliviano.
El último de estos lamentables sucesos se dio
en noviembre de 2019, empezó con una "sugerencia a la renuncia",
palabras suaves para su verdadero significado, el inicio de la fase final del
golpe de estado. Continuó con la posesión ilegal e inconstitucional de personas
que en el proceso electoral de octubre representaron al 4% de la población. Y
lo consolidaron masacrando al pueblo que defendió la democracia y ganó
legítimamente la elección. Hubieron más de 35 muertos, por órdenes del gobierno
inconstitucional, con balas disparadas por fusiles militares, naturalmente.
Seis meses después, la fuerza militar está
orquestando un nuevo golpe contra la democracia, esta vez contra el único
órgano estatal con la legitimidad del voto.
En medio de la pandemia del coronavirus, en
medio de terribles escándalos de corrupción, en medio de la condena ciudadana
contra el abuso de poder, en medio de denuncias asquerosas de nepotismo en un
gobierno que nadie eligió pero que perjudica a todos, los militares con su
clásico estilo de matonaje ingresan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a
exigir la ratificación de los ascensos de las Fuerzas Armadas en el plazo
máximo de una semana. Grave amenaza.
El pedido y sus posibles consecuencias no
tienen ni pies ni cabeza, ya que la Cámara de Senadores está actuando de
acuerdo a la legalidad, dicha legalidad está sustentada por el articulo 160 de
la CPE y el Reglamento de la Cámara de Senadores que establece que una vez
recibida la documentación sobre los ascensos de las F.F.A.A. se debe remitir a
la comisión correspondiente, dicha comisión debe revisar la documentación,
ratificar los ascensos o sugerir la devolución al Órgano Ejecutivo, ocupado
ahora por los clanes familiares del Movimiento Demócrata Social. Una vez
subsanadas las observaciones, el trámite debe ser devuelto a la Cámara de
Senadores. Los ascensos de las Fuerzas Armadas se encuentran en esta etapa y
corresponde que las amenazas por celeridad sean dirigidas al Órgano Ejecutivo.
Ante este contexto, tenemos a la vista
terribles y flagrantes violaciones a la CPE que recuerda al que tenga un ápice
de memoria, épocas nefastas de nuestro país, donde no existía la legalidad, no
existía la libertad de expresión y las juntas militares gobernaban mediante
Decretos Supremos y Decretos Leyes. Pensamos que estas épocas habían terminado,
cuan equivocados estamos.
Es evidente que la presidenta de Facto,
tiene la necesidad de cumplir acuerdos políticos y asegurar la lealtad de
quienes consolidaron su ascenso al poder. Por esto preparan un Decreto Supremo
dictando el ascenso de los militares que son apegados a ellos, los que aseguran
su permanencia y prorroga en el poder, los que se saludaban y felicitaban
airosos cuando se jactaban de haber devuelto el orden a Bolivia después de
disparar a quemarropa a la gente humilde.
Muchas familias, muchos bolivianos
sufrieron por los abusos de la bota militar. Miles de personas asesinadas,
cientos de desaparecidos, la economía del país muchas veces destruida por el
servilismo hacia las oligarquías propias y extranjeras. Sin duda que las
Fuerzas Armadas son la institución que hizo sangrar más a la Patria. No hay
moral para exigir respeto, lo primero es pedir disculpas.
¿Habrán consultado con el padre de Camacho para ver quiénes deben ascender?.
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