El bloque golpista no resolvió con el golpe una crisis, instaló una crisis política con el derrocamiento de un gobierno constitucional y la interrupción de un mandato, a partir de ahí tenemos un gobierno ilegítimo en una supuesta transición eterna, la crisis política se agrava y se vuelve multidimensional con las medidas inmediatas de carácter políticas y económicas, la suspensión ipso facto de la inversión pública, el sabotaje premeditado a las empresas públicas y la repartija en calidad de botín de las reparticiones estatales, lejos de aliviar las pérdidas económicas por más de 20 días de paro obligado, acentúan la sensación de incertidumbre por primera vez en 14 años, la represión política, judicial y militar en manos de psicópatas y depravados del poder tornaron el ambiente de crisis generalizada en un escenario altamente contaminado y denunciado por todos los organismos internacionales como irrespirable en un estado de derecho.
Sobre ese escenario la crisis
sanitaria, que lejos de ser administrada con responsabilidad y empatía con la
dimensión de la crisis, paso de ser gestionada de manera inepta y corrupta a
ser instrumentalizada con fines exclusivamente políticos, no hay en los 128
días de cuarentena ninguna medida efectiva desde el gobierno que haya logrado
alterar la gravedad de la crisis, ya es redundante mencionar lo hecho y sobre
todo lo no hecho en este tiempo, lo cierto es que la única actuación del
gobierno se puede evidenciar en dos actividades, el reporte diario de daños
(contagiados y muertos) una estadística absolutamente dudosa, y la profusa
cantidad de publicidad estatal basada en mentiras oficiales sobre sus medidas y
sus resultados, uno puede imaginar la reacción de una persona cuando ve a la
Señora Añez hablando del país de las maravillas y esa misma persona no ha
podido acceder a una prueba de diagnóstico para corroborar sus síntomas o
cuando una persona de su entorno familiar no ha logrado ningún tipo de
asistencia sanitaria en la emergencia.
La grave crisis sanitaria y la
espantosa calamidad económica que se cierne sobre el pueblo han evidenciado que
se vuelve imprescindible resolver la crisis política, pasar de la transitoriedad
a la ruta constitucional, democrática y legítima no es sólo una cuestión de
intereses partidarios, es una cuestión de vida o muerte para millones de
ciudadanos de este país, continuar
en este limbo político sólo agrava la crisis, el único sustento real que posee
el gobierno ahora es el poder de los medios de comunicación tradicional, que
cada vez pierden fuerza y credibilidad ante una multiplicación exponencial de
la actividad en redes sociales, donde ha perdido la batalla, y la otra fuerza
es su capacidad represiva a través de la Policía, los jueces y fiscales, y las
Fuerzas Armadas, con sólo eso no se puede gobernar, no se pueden tomar
decisiones que ayuden a resolver las crisis en todas sus variables.
Desde el primer momento y aún
con las fuerzas progresistas en estado de shock y la Asamblea Legislativa
Plurinacional en total desorientación se intentó proyectar una sensación
pacificadora, haciendo uso de la coerción política y policíaca se arrastró a la
Asamblea a involucrarse en acuerdos políticos iniciales que daban la sensación
de avances, se hacían sin embargo negando a la fuerza mayoritaria del uso de su
peso específico en la votación, Tuto y Ortiz monitoreaban la actuación de una
Asamblea en la que ambos no tenían ni un tercio, bajo el chantaje como arma
política de uso práctico, así se llegó a anular las elecciones sin base
jurídica, a reconstituir el órgano electoral y convocar a nuevas elecciones
para el 3 de mayo, muy lejos del plazo establecido en la Constitución de 90
días, al instalarse la crisis sanitaria se dio por hecho que no podría
realizarse las elecciones y se suspendió, la nueva fecha fue solicitada por el
Tribunal Electoral a la Asamblea, ésta mediante ley estableció una nueva fecha,
la agudización de la crisis sanitaria ante la inacción absoluta del gobierno
hizo necesario un nuevo acuerdo político que nuevamente fue sometido a
consideración de la Asamblea para que ésta lo convierta en ley, en cada uno de
los momentos de necesidad de modificar los plazos la Asamblea fue el escenario de
debate y acuerdos para ello, sin embargo el último aplazamiento y la
determinación de fecha ha sido ejecutado unilateralmente por el órgano
electoral, ¿que ha cambiado? ¿Por qué antes era necesario una ley y ahora no?
Demás está decir que los
números no les cuadran al bloque golpista, en ninguno de los escenarios
proyectados por ellos mismos, el MAS desaparece como opción principal del voto,
pasa el tiempo y la crisis sanitaria usada como arma política sólo les da
resultados para justificar los aplazamientos interminables, pero con cada
aplazamiento las proyecciones electorales mejoran para el MAS, cada vez es más
difícil ilusionarse con derrotar al proceso de cambio, por ello es que se ha
decidido dar un paso más allá de cualquier idea de concertación necesaria, han
decidido cerrar el ciclo
sin el MAS y Luis Arce, por ello han prescindido de la Asamblea que es lo que
le da vigencia institucional a nuestro proyecto político en este escenario de
asimetrías absolutas de poder, ya el gobierno echó mano del crédito vetusto del
FMI sin aprobación legislativa, por ello el chantaje del bono de los 500 Bs, ya
la Señora Añez ascendió sin aval legislativo de forma inconstitucional a los
generales golpistas y masacradores de noviembre y ahora el TSE decide cambiar con
resolución de sala plena lo que le estaba mandado por ley, con este último
precedente, basado en la independencia de poderes un juez de cualquier juzgado
podría en una sentencia judicial modificar una figura penal tipificada en la
ley, está claro que la decisión política es la de intentar perfeccionar en la
formalidad el ciclo golpista prescindiendo absolutamente de la fuerza política
más importante electoral, orgánica y socialmente, al parecer han decidido
volver a hacer lo de noviembre, pero, ¿servirá de algo? ¿Ayudará realmente a
superar la crisis multidimensional? ¿Es posible cerrar el ciclo negando la
existencia inevitable de una fuerza política histórica como el MAS?, es
axiomático decir que no, esto sólo implica prolongar la crisis indefinidamente con
toda la carga de efectos catastróficos para la vida de nuestro pueblo.
Lo ocurrido desde octubre de
2019 nos deja lecciones valiosas, es evidente que una buena parte de la
sociedad boliviana no piensa como nosotros y tiene derecho a hacerlo, sean cuales
sean las razones que los han llevado a ese razonamiento es indiscutible que
respetamos su forma de entender Bolivia, intentar reconstruir lo que se ha
destruido en estos ocho meses pasa por entender está diversidad de visiones y
tratar de encontrar puntos de acuerdos mínimos, para nosotros la superación de
esta crisis no pasa por la negación absoluta de otras visiones y la imposición
a rajatabla de nuestro razonamiento, debemos coexistir inevitablemente, no es
la aniquilación del adversario la que nos llevará a superar la crisis, es la
aceptación de las diferencias y que sea el pueblo el que decida el camino que
debamos recorrer todos, probablemente durante un largo periodo de tiempo
tendremos que gestionar esta división en una especie de bipartidismo de hecho,
la otra parte si en verdad está dispuesta a pasar a otra página de la historia
deberá aceptar que hasta hoy pese a su enconado esfuerzo no ha podido
aniquilarnos, seguimos y seguiremos existiendo, si piensan que la postergación
interminable de las elecciones o la anulación de nuestro carnet de identidad
política formal nos va a hacer desaparecer están equivocados, el Proceso de
Cambio no es sólo una sigla o un líder o una candidatura
es una forma de entender Bolivia, una forma que creemos con todas nuestras
fuerzas que es buena para la patria y sus habitantes, no va a desaparecer con
medidas administrativas o políticas coyunturales porque es un sentimiento
instintivo del pueblo.
Por ello es que trabajadores
por cuenta propia, productores del campo y la ciudad, comerciantes,
transportistas, obreros, maestros, profesionales, juventud, mujeres, etc, se
movilizan no sólo por elecciones, las elecciones son la vía legal para volver a
la normalidad política y la construcción de equilibrios saludables para
gestionar la salud, la economía, el empleo, el bienestar de nuestro pueblo,
negar la vía electoral a la mayoría del pueblo es deliberadamente empujar a ese
pueblo a las calles y las carreteras a reconquistar su derecho, pese al riesgo
de contagios la gente saldrá espontáneamente porque siente que tiene que
incidir en el curso de los acontecimientos, es por la salud, la vida, la
economía, el empleo.
El gobierno de facto hoy
es gestionado por un grupo político minúsculo, su candidato en octubre obtuvo
sólo el 4%, su presidenta-candidata a cada día se cae en la intención de voto,
su vocación de poder no se condice con su dimensión política, esto lo
inhabilita como interlocutor para discutir las crisis y sus desenlaces, el
debate es precisamente el como superarlos en el corto plazo para evitar mayores
daños, otras fuerzas políticas que poseen mayor legitimidad deben asumir esa
interlocución y ayudar a instalar una ruta crítica inmediata que haga posible
la restauración constitucional y democrática, hay que animarse a dar pasos más
audaces en este camino, entendiendo que coexistiremos aunque no nos gustamos,
negarse a hacerlo, esconder la cabeza como el avestruz es negarse a una salida
posible y contribuir con ello a empujar a todos al desastre que podemos evitar,
el Tribunal Electoral deberá leer esta realidad y animarse a interpretarla si
en verdad tiene vocación y compromiso democrático, de lo contrario pasará a la
historia como el notario de la quiebra definitiva de la democracia boliviana,
será superado por los acontecimientos.
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